Municipalidad de Maipú habría financiado defensa legal de Joaquín Lavín Jr. con fondos públicos
Bajo la administración de Cathy Barriga, la municipalidad habría financiado con recursos públicos la defensa legal en una causa civil que involucraba a la exalcaldesa y su esposo.
La Fiscalía Metropolitana Oriente, en el marco de la investigación por presunto fraude al Fisco que involucra a la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, ha detectado una posible malversación de fondos públicos relacionada con la contratación de la empresa jurídica Legalcorp. Durante la gestión de Barriga, el municipio habría contratado a Legalcorp para representar en una demanda civil que afectaba tanto a la exalcaldesa como a su esposo, el diputado Joaquín Lavín León. Esta demanda fue interpuesta por Patricio Muñoz, un administrador electoral que trabajó con la pareja en 2014 y que reclamaba el pago de $30 millones por servicios prestados.
La fiscal a cargo descubrió este antecedente tras revisar correos electrónicos y tomar declaraciones a varios exfuncionarios municipales. Carolina Paz Hervias, quien se desempeñó como abogada en el área jurídica del municipio entre enero de 2017 y abril de 2018, declaró que Legalcorp tenía un contrato con la municipalidad para el seguimiento de causas judiciales en las cortes. Sin embargo, correos electrónicos presentados durante su testimonio revelaron que Legalcorp también fue instruida para manejar la demanda civil contra Barriga y Lavín.
Felipe Contreras, exdirector jurídico del municipio y también formalizado por delitos de corrupción, reconoció en su declaración que, aunque no estaba de acuerdo con la decisión, siguió las instrucciones del abogado personal de Barriga para que Legalcorp se hiciera cargo de la causa. Este hecho ha levantado sospechas sobre el uso de recursos municipales para fines personales, lo que podría constituir una violación a la probidad administrativa y una malversación de fondos públicos.
La defensa de Cathy Barriga argumenta que la causa civil en cuestión se cerró antes de que ella asumiera el cargo de alcaldesa, sugiriendo que no habría irregularidades en la contratación de Legalcorp. Sin embargo, la Fiscalía continúa investigando para determinar la veracidad de estos hechos y establecer si efectivamente se utilizaron recursos públicos para financiar la defensa legal en un asunto privado. Este hallazgo se suma a una serie de acusaciones que enfrenta la exalcaldesa, incluyendo un déficit presupuestario significativo y el presunto uso de recursos municipales para beneficio personal, lo que ha generado una creciente preocupación sobre la gestión de los fondos públicos en la comuna de Maipú.
