Diputados Cicardini y Manouchehri (PS) ingresan requerimiento a Contraloría para investigar contratos de exfiscal Guerra en Municipalidades de Providencia, La Florida, Las Condes y Lo Barnechea

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Los diputados Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri (PS), querellantes en el Caso Hermosilla, junto al diputado socialista Leonardo Soto, anunciaron el ingreso de un requerimiento a la Contraloría General de la República para que se investiguen los contratos del exfiscal Regional Oriente, Manuel Guerra, con la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana de la Zona Oriente (AMSZO); la Municipalidad de Providencia; la Municipalidad de La Florida y otros municipios que pudieran aparecer en el proceso de fiscalización.

Esto, en el marco de los chats develados en torno al Caso Hermosilla, donde hay múltiples comunicaciones entre el abogado Luis Hermosilla -quien cumple prisión preventiva en el anexo Capitán Yáber por posibles delitos tributarios, cohecho y lavado de activos- y el exfiscal Guerra. Asimismo, los parlamentarios solicitan que se informe qué trabajo realizaba en estos municipios, que se verifique si se cumplió con las labores por las cuales fue contratado y si los contratos se ajustaron a derecho. Los diputados destacaron que Guerra, a los días que sale de la Fiscalía en 2021, comienza sus labores en la AMSZO y la Municipalidad de Providencia.

“El objetivo de este requerimiento tiene que ver con que se haga una fiscalización rigurosa por parte de la Contraloría por el buen uso de los recursos públicos, en este caso por los contratos que tenía el señor Guerra con distintas municipalidades. Si se cumplió el contrato, cómo se comprueba las labores que cumplía, los montos que tenía contratado y también si es que estas prestaciones están conforme a derecho. Creemos que acá se tiene que hacer una investigación a fondo, que acá prime la transparencia y quien es el que puede hacer rigurosamente esta investigación y fiscalización es la Contraloría”, indicó la diputada Cicardini.

En esa línea, la legisladora agregó que “solicitamos a la Contraloría que se pueda revisar la contratación que tenía la Municipalidad de Providencia desde el año 2021 al 2023, con respecto a cuáles eran las labores que cumplía el señor Guerra, si es que era verdad que cumplía labores en temas de probidad, una cuestión que nos parece bastante curiosa; y además si es que también estos montos se condicen con las labores que suscribían ese contrato. Y, por último, la contratación que tenía la Municipalidad de la Florida en esta figura de Defensoría de la Gente, institución a la que renunció el señor Guerra hace pocos días atrás”.

En ese sentido, el diputado Daniel Manouchehri afirmó que “el señor Guerra, el señor Hermosilla y el señor (Andrés) Chadwick armaron una verdadera maquinación para operaciones de impunidad”.

“Mientras el señor Guerra era fiscal, le pedía trabajo al señor Chadwick y al señor Hermosilla y paralelamente hacía diversos gestos que implicaron impunidad en Penta, que implicaron impunidad en el caso del senador (Iván) Moreira, que implicaron filtración de información en el caso de Dominga, entre otras situaciones. Y da la casualidad que en cuanto sale el señor Guerra de la Fiscalía, tiene trabajo en la Universidad San Sebastián y también trabajo en la Municipalidad de Providencia, en la Municipalidad de la Florida y en la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana de la Zona Oriente”, indicó.

Al respecto, Manouchehri señaló que “la pregunta de fondo en este caso es: ¿estos trabajos habrán sido la manera de retribuir los gestos que hizo en los casos de impunidad? Porque si así fuera, estaríamos en presencia de un cohecho. Nosotros creemos que lo que aquí aconteció fue muy grave porque terminaron en clases de ética aquellos que tenían que haber terminado en la cárcel; aquellos que andaban pidiendo raspados de olla terminaron legislando las leyes de este país”.

“Entonces, claramente nosotros creemos que acá se debe perseguir todas las responsabilidades de aquellos que fueron parte de una operación de impunidad y en donde pareciera que fue premiado posteriormente esto con jugosos contratos en la Universidad de San Sebastián y en los municipios dirigidos por el señor Carter y la señora Matthei. Estas son situaciones que se deben investigar y nosotros no descartamos también hacernos parte de las acciones legales que se van a emprender para buscar justicia en este caso”, recalcó.