Tribunal Electoral de Coquimbo decreta remoción del alcalde Roberto Jacob Jure

roberto jacob jure

El Tribunal Electoral de la Región de Coquimbo emitió una sentencia histórica el 14 de octubre de 2024, en la que decidió remover a Roberto Jacob Jure de su cargo como alcalde de La Serena, en respuesta a un requerimiento presentado por los concejales Camilo Araya Plaza, Daniela Molina Barrera, Rayén Pojomovsky Aliste y Daniel Palominos Ramos. El fallo se dictó bajo la acusación de notable abandono de deberes, en virtud del artículo 60, letra c) de la Ley 18.695, que regula las Municipalidades en Chile.

La base de la acusación señala que el alcalde Jacob Jure incumplió reiteradamente su deber de garantizar el pago íntegro y oportuno de las cotizaciones previsionales y de salud de los trabajadores dependientes de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, quienes desempeñan funciones en áreas esenciales como la educación y la salud. Entre los hechos más graves, se mencionan las deudas acumuladas por concepto de cotizaciones previsionales no pagadas desde el año 2016, afectando a más de 4 mil empleados y generando un déficit que supera los 31 mil millones de pesos, sumando intereses y recargos.

El Tribunal Electoral consideró como pruebas clave las auditorías realizadas por la Contraloría Regional de Coquimbo y la Superintendencia de Educación, las cuales confirmaron que las cotizaciones previsionales solo fueron declaradas y no pagadas, tanto para los trabajadores municipales como para los de la Corporación Gabriel González Videla. La investigación estableció que entre los años 2016 y 2020, el alcalde omitió los pagos a las instituciones previsionales, lo que llevó a múltiples demandas judiciales por cobros impagos en la justicia laboral.

Fundamentos de la Sentencia

En su fallo, el Tribunal señaló que el alcalde Jacob Jure no cumplió con su obligación legal de velar por el pago cabal y oportuno de las cotizaciones previsionales, tal como establece el inciso noveno del artículo 60 de la Ley 18.695. Este incumplimiento fue considerado una falta grave, ya que la deuda previsional ha generado costos adicionales al municipio en concepto de multas, intereses y costas judiciales, aumentando el deterioro financiero de la Corporación Municipal.

Además, se consideró como agravante la falta de rendición de cuentas trimestrales sobre el estado de las cotizaciones, tal como exige la ley. Según la acusación, Jacob Jure no entregó los informes correspondientes al Concejo Municipal, omitió información relevante sobre la situación financiera de la Corporación y no implementó acciones efectivas para solventar la deuda previsional, lo que resultó en 364 juicios de cobranza laboral o previsional. Estas omisiones fueron catalogadas como infracciones al principio de transparencia y rendición de cuentas.

La Defensa de Jacob Jure

En su defensa, Jacob Jure argumentó que la deuda previsional era resultado del déficit estructural del sistema educativo municipal, que recibe insuficientes recursos para cubrir sus obligaciones. Afirmó que se adoptaron medidas para paliar la situación, como la firma de convenios de pago y la reducción de personal, y que había avanzado en el pago de parte de la deuda previsional.

Sin embargo, el Tribunal no acogió estos argumentos, determinando que, aunque el déficit estructural fuera un factor, la responsabilidad última de garantizar los pagos previsionales recaía en la figura del alcalde. El fallo también cuestionó la gestión del propio Jacob, quien no habría tomado las medidas necesarias en tiempo y forma para evitar el empeoramiento de la situación financiera de la Corporación.

Consecuencias del Fallo

La sentencia no solo remueve a Roberto Jacob Jure de su cargo, sino que también lo inhabilita para ejercer cualquier cargo público durante los próximos cinco años. La remoción tendrá efecto inmediato una vez que el fallo quede ejecutoriado, lo que implica que se nombrará un alcalde subrogante para liderar el municipio hasta que se realicen nuevas elecciones o se nombre un sucesor definitivo.

Además, el fallo establece que la Corporación Municipal Gabriel González Videla deberá rendir cuentas detalladas sobre el estado actual de las deudas previsionales y adoptar medidas inmediatas para resolver esta problemática, bajo la supervisión de los organismos correspondientes, como la Contraloría y el Ministerio de Educación.

Con esta decisión, el Tribunal Electoral de Coquimbo envía un fuerte mensaje sobre la importancia de la probidad administrativa y la obligación de los alcaldes de cumplir con sus deberes en la gestión pública, en particular, respecto al bienestar de los trabajadores municipales.