La Corte de Apelaciones de Antofagasta decidió admitir a trámite un recurso de casación presentado por el Sindicato de Pescadores de Totoralillo Norte, en el marco del extenso conflicto judicial en torno al Proyecto Dominga.
Con esta resolución, se suspenden temporalmente los efectos del fallo emitido el 20 de febrero de 2026, mientras el caso es revisado por la Corte Suprema de Chile. Este escenario abre la posibilidad de que se restablezca la vigencia de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto, un permiso clave que permite su eventual desarrollo.
Un nuevo capítulo en una larga disputa
El Proyecto Dominga, impulsado desde hace más de una década, ha estado marcado por una serie de decisiones judiciales y administrativas que han frenado su avance. De hecho, en febrero de este año, la misma Corte de Apelaciones de Antofagasta había anulado el proceso de cumplimiento de una sentencia previa, lo que dejó sin efecto avances que favorecían la iniciativa y terminó por ratificar su rechazo en esa etapa.
Ahora, con la admisión del recurso de casación, el caso vuelve a entrar en una fase clave, donde será la Corte Suprema la encargada de determinar el futuro del proyecto, en un contexto de alta expectación tanto a nivel local como nacional.
Expectativas desde la comunidad
Desde el Sindicato de Pescadores de Totoralillo Norte, uno de los actores involucrados en el proceso, valoraron el avance judicial, aunque también manifestaron su cansancio por la extensa tramitación.
Su presidente, Raúl Julio, expresó su molestia por los más de 12 años de incertidumbre en torno al proyecto. Según indicó, esperan que la iniciativa finalmente se concrete, argumentando que ha sido evaluada técnicamente y que podría generar empleo, desarrollo económico y nuevas oportunidades para las familias de la zona.
Un caso que sigue abierto
Pese a este nuevo escenario, el futuro del Proyecto Dominga sigue siendo incierto. La decisión final quedará en manos de la Corte Suprema, que deberá analizar los antecedentes y resolver si se mantiene o no la validez de los permisos ambientales.
Mientras tanto, el caso continúa generando debate entre quienes apoyan la iniciativa por su potencial económico y quienes cuestionan su impacto ambiental en una zona considerada de alto valor ecológico.
